ADD y abogado constitucionalista advierten la PN no puede calificar noticias como falsas

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Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El anuncio hecho por la Policía Nacional el pasado jueves de que investigará la propagación de informaciones falsas, manipuladas o descontextualizadas sobre la delincuencia a través de los medios digitales y redes sociales, puede vulnerar derechos e introducir prácticas abusivas, de acuerdo con voces autorizadas sobre la libertad de expresión.

En su calidad de presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el periodista Persio Maldonado y el abogado constitucionalista Namphi Rodríguez, coincidieron en que el tema de las noticias falsas no compete a la institución encargada de velar por el orden público.

En ese sentido, advirtieron que ese tipo de práctica “puede introducir riesgos al ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento”, así como al Estado social y democrático de derecho.

“La información no deja de ser preocupante por lo que pueda implicar en la práctica, si la Policía, pretendiendo llegar a determinadas situaciones, incurre en abusos y situaciones violatorias a derechos”, alertó Maldonado.
Según percibe el director del periódico El Nuevo Diario, “se pueden cometer abusos contra medios, pretendiendo evitar que alguna información, aunque sea cierta, se impida su divulgación para evitar generar pánico en la población”.

Entiende también, que la Policía no tiene el derecho ni la capacidad para determinar la certeza o no de una información, porque tendría que partir de un supuesto, además de que la función del organismo es la lucha contra la delincuencia, la asegura “es un problema que se ha desbordado.”

A su juicio, la medida puede interpretarse como “un estado de incapacidad para afrontar el tema de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado que pudiera estar detrás”.

De su lado, Rodríguez, estimó que la medida podría violar la libertad de expresión y el Estado democrático de derecho establecido en el régimen constitucional.

“Lo más grave es que la libertad de expresión tiene como fundamento la no censura previa”, precisó, al tiempo de establecer que un sistema de vigilancia policial, puede derivar en la violación “del núcleo esencial de ese derecho que establece el artículo 49 de la Constitución”.

Enfatizó que las autoridades deben considerar que las redes sociales, “con sus luces y sus sombras, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia TC-0092-19, son una forma de democratizar y una poderosa herramienta de denuncia y vigilancia de derechos humanos”.

“Pretender establecer un sistema policial sobre las denuncias en las redes sociales, puede derivar en serias restricciones a la libertad de expresión”, agregó Rodríguez, quien también es periodista.

“Cuando se habla de noticias falsas se está hablando de un tipo penal de una extrema gravedad. ¿Quién determina que es una noticia falsa?, ¿lo puede hacer una autoridad administrativa policial?, se preguntó, respondiéndose, que eso “es un despropósito.

Sostuvo por igual que “esa laxitud no le está dada a la autoridad policial. La libertad de expresión tiene sus propias garantías”, además de señalar que a la PN no le está dada esa facultad por la ley ni por la Constitución.

“Es al ministerio público, pero tampoco ese órgano de persecución penal puede sancionar, sino someter un expediente ante la autoridad judicial competente, porque hablar de noticias falsas, es un concepto vago, de extrema vaguedad”, acotó.


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