Campesinos del Norte de Santander en Colombia retienen a 180 soldados del Ejército en rechazo a la erradicación forzada de plantaciones de coca

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RT

BOGOTÁ.- Los cocaleros piden que se respete su forma de sustento y recuerdan que su intención es «sustituir de manera gradual y concertada» los cultivos.

Campesinos cocaleros del municipio Tibú, en el departamento del Norte de Santander, al oriente de Colombia, mantienen retenidos a 180 soldados del Ejército que envió el gobierno nacional para iniciar las labores de erradicación manual de plantaciones de coca.

De acuerdo a medios locales y la Defensoría del Pueblo colombiana, el incidente registrado en una zona rural de Tibú inició el pasado martes ante la negativa de los campesinos de que los militares realizaran labores de erradicación manual de los sembradíos.

La Defensoría informó que junto a las autoridades de la Gobernación del Norte de Santander, han dirigido una comisión a la vereda ORU 7 para garantizar la protección de los derechos humanos de la comunidad y de los soldados, ante la negativa de los residentes a que se erradiquen sus cultivos.

En un video donde aparecen los soldados retenidos en Tibú se detalla que los militares pertenecen al batallón de ingenieros número 30 de la Fuerza de Tarea Vulcano de la Segunda División del Ejército. De momento, la comunidad campesina los mantiene custodiados.

El personero municipal de Tibú, Jhon Ascanio, quien solicitó la presencia del Gobierno de Iván Duque, expresó a W Radio su rechazo ante «este tipo de retenciones ilegales», sugirió buscar «alternativas de diálogo» para «una salida negociada» y pidió respeto por la vida e integridad de los soldados.

Ascanio agregó que en la zona están presentes miembros de la Defensoría del Pueblo, de la Personería Municipal, el delegado de derechos humanos de la alcaldía de Tibú y organizaciones sociales, para intentar concretar acuerdos con los residentes.

¿Qué reclaman los campesinos?

Los campesinos de Tibú y de la zona rural del municipio Cúcuta, que también pertenece al Norte de Santander, hicieron un llamado urgente a los organismos de control y de derechos humanos, ante el inicio de las «erradicaciones forzadas» que comenzaron el 22 de octubre, razón por la que pidieron la presencia del Ministerio Público, la Fiscalía y la Procuraduría, para evitar una confrontación que pueda generar hechos de violencia.

La Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), conformada por cultivadores de hoja coca, divulgó un comunicado para instar a los organismos nacionales e internacionales a revisar la situación de los residentes de la región, quienes viven fundamentalmente de la siembra de coca.

En el texto, los campesinos recuerdan que ellos han manifestado su intención de «sustituir de manera gradual y concertada» los cultivos «llamados de uso ilícito», para ir hacia una «economía campesina sostenible».

Junto a la Ascamcat, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) pidió al Gobierno colombiano respetar los derechos de las comunidades, pues en 2020 fueron asesinados varios campesinos «presuntamente por parte de la fuerza pública» durante las erradicaciones forzadas.

«La solución es la sustitución voluntaria, gradual y concertada, y en ese sentido, cesen las acciones de erradicación manual, forzada y violenta», suscriben ambos gremios en la misiva.

¿Qué dicen las autoridades militares?

Con base en declaraciones del comandante de la II División del Ejército Nacional, general Omar Sepúlveda, al medio local Caracol Radio, los soldados integran seis pelotones y permanecen «secuestrados» en el corregimiento de ORU en la región del Catatumbo, luego de haber sido rodeados por más de 900 campesinos en las inmediaciones de una escuela.

«Los soldados del Ejército Nacional de la Segunda División básicamente están en condición de secuestrados por la comunidad de los cocaleros», apuntó Sepúlveda, tras recalcar que los comandos castrenses actúan bajo el mandato constitucional y desarrollan operaciones «en cumplimiento de las alertas tempranas 040 y 050» en el área general del Catatumbo.

Del mismo modo, rechazó la retención de los funcionarios, al calificarla como «un hecho punible» y alegó que estas acciones son «contrarias al ordenamiento jurídico nacional» porque «violan los derechos humanos de los soldados».

El funcionario adelantó que los abogados del Ejército realizan las acciones pertinentes ante la Fiscalía para proceder sobre este hecho.

Por su parte, la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, hizo un «llamado urgente» al Gobierno, la Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y demás entes competentes para que se garantice y respete la vida e integridad de los campesinos, ante lo que considera una campaña de estigmatización por parte del Ejército.

«Las acusaciones peligrosas y tendenciosas del General Omar Sepúlveda, del Ejército Nacional, ponen en riesgo la vida del campesinado. Exigimos la implementación integral del Acuerdo de Paz y el respeto por los derechos humanos de las y los campesinos», alertó Ramírez.


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