Datos de Pepca e informe de la CC sobre anomalías con asfalto en OP difieren en RD$8,000 millones

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Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Lo que podría definirse como “un descuadre colosal”, se observa en los informes de la la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Cámara de Cuentas, respecto al monto que pagó el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) por la compra de hormigón asfáltico caliente durante la gestión de Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Se recuerda que en septiembre de 2020 el titular de la Pepca, Wilson Camacho, aseguró que la adquisición del asfalto por parte del MOPC ascendía a RD$11,500 millones.

Empero, el reciente informe rendido por la Cámara de Cuentas, precisa haber confirmado las denuncias de irregularidades en los contratos para la compra del material asfáltico AC-30 del MOPC, pero por un monto de RD$3,500 millones.

Entre ambos reportes existe una diferencia de ¡RD$8,000 millones!

La denuncia fue depositada por los titulares de las direcciones generales de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch y de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, la que desencadenó un escándalo nacional y reclamos de una investigación, lo que nunca tuvo efecto.

Al iniciar las investigaciones en torno al presunto desfalco, el magistrado Camacho refirió que la Pepca tenía en agenda citar al menos 33 empresas con relación a la compra del cemento asfáltico.

Declaró que igualmente serían llamados los miembros del con­sejo de administración, los accionistas de cada uno de los miembros de las empresas contratadas en plena campaña electoral y durante la gestión en Obras Públicas del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Entre las empresas que serían requeridas por el Ministerio Público se en­cuentran A.R.I Servicios Múltiples SRL, Alba Sánchez y Asociados, Anti­gua Investments, Antillean Construcción Corporation, Asfalto del Cibao, Asfalto del Norte, las constructoras Aguilera Quezada, la AG, Caliche Manzan, Mar, Sánchez Ellis, Rizet y asociados.

También la Corporación de Asfaltos (COA), Empresa Constructora de Obras Viales Ecovial, Equipos y construcciones del Cibao (ECOSISA), Fayette y Genao (FAGEN­CA), Gil & Gil Constructora, IDC Construcciones, Iemca División Construcciones Civiles, Ingecomsa, Ingenieria e Inversiones Globisa, Ingenieria Estrella e Ingenie­ros Arquitectos.

Igualmente, Daniel Medina & asociados, Inver­siones Boavista, Malespin Constructora, Moll, Multi­Hierros & Construcciones, Multicon Construcción en General, Pepsoltech Cons­trucciones, Saipan y Consorcio de Asfalto & Construcciones Aslfalcon.

El informe de la CC

De su lado, la CC señala en su informe que Gonzalo Castillo y la empresa General Supply Corporation, pactaron el pago de tres mil quinientos millones de pesos, pero sin el soporte documental que exige la ley de Compras y Contrataciones.

Refiere que entre las anomalías encontradas en la investigación está el contrato de línea de crédito suscrito entre el MOPC y el Banco de Reservas, que establece la retribución del 10 % en calidad de gasto por los servicios de diseño, administración e implementación del programa.

Asimismo, una diferencia en AC-30 importado, contra el facturado, por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalentes a RD$359,712,488, según el Informe de la Investigación Especial Practicada.

Esta investigación se realizó a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el13 de mayo de 2021.

Agrega que se encontró “excedentes de cantidad, sin evidencia de ajustes de precio, por la suma de RD$3,767,329; pagos en exceso al monto contratado, sin justificación, por un monto de RD$484,117,400 y pagos realizados sin evidencia de certificación DGII y TSS, ascendentes a RD$422,992,993”, dice el documento.

La Cámara de Cuentas también halló evidencias de adquisición de cemento asfáltico sin evidencia de apropiación presupuestaria y adquisición de derivados de petróleo a empresa sin evidencia de licencia.

Gonzalo se defiende

Mientras, el exministro Castillo respondió, a través de una carta fechada el 25 de noviembre último, indicando que en el departamento de Contabilidad del MOPC “reposan todos y cada uno de los expedientes de pago con sus respectivos soportes, después que los mismos fueron revisados y autorizados por la Contraloría General de la República”.

Resalta que la Contraloría General de la República digitaliza de manera íntegra cada expediente recibido y lo mantiene en sus archivos digitales, por lo que la información faltante bien puede ser ubicada con alguna diligencia personal adicional en los archivos de la Contraloría General de la República.

Dijo haber solicitado a su sucesor en el cargo y a la Contraloría General de la República el 17 de noviembre de 2021, los expedientes y documentos faltantes.

Indicó que la solicitud tiene el propósito “de que se permita realizar los análisis completos de la documentación referida para dar respuesta a las cuestiones planteadas como objetivos del informe”.


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