Fiscal de Perú abre investigación por muertes en protestas

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PRENSA LATINA

LIMA.- La fiscal peruana Karen Orbegón, abrió una investigación a los jefes del Ejército y la Policía de la región surandina de Ayacucho como presuntos autores mediatos de 10 muertes en ese territorio, informaron hoy fuentes judiciales.

Obregón, a cargo de la Segunda Fiscalía Penal de Ayacucho Especializada en Derechos Humanos, abrió las pesquisas al jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, general de Policía Ántero Mejía, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería de la misma región, general Jesús Vera.

La fiscal los considera presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, por la muerte de 10 civiles en las protestas de la semana pasada en el que se registró la mayoría de las 26 muertes acreditadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La investigación preliminar se prolongará por 60 días y la fiscal identificó a las víctimas como Josué Sañudo, Clemer Rojas, Luis Urbano Sacsara, Jhon Mendoza, José Aguilar, Raúl García, Edgar Prado, Jhonathan Alarcón, Ronaldo Barra y el menor C.M.R.A, todos abatidos por armas de las tropas.

La fiscal, indicaron fuentes del Ministerio Público, ha reunido grabaciones de video y fotografías con imágenes de militares usando fusiles de largo alcance contra los manifestantes.

“Los medios de comunicación y las diferentes redes sociales han publicado que las protestas ciudadanas suscitadas el día 15 de diciembre de 2022 en la pista de aterrizaje del aeropuerto” de Huamanga y sus alrededores, dice el documento de la Fiscalía que abre las pesquisas.

Las imágenes muestran que las protestas “han sido reprimidas por las fuerzas del orden utilizando armas letales”, añade el texto, motivado por una denuncia presentada por los abogados Abimael Méndez, Yuri Martínez, Víctor Porras, Mario Escriba y Jack J. Diburga.

El Gobierno y los mandos militares sostienen que las tropas usaron sus armas defensivamente frente a elementos supuestamente terroristas que ocuparon el aeropuerto de Huamanga y causaron destrozos en la terminal.

La fiscal recibió además denuncias que señalan también como responsables a la presidenta Dina Boluarte; el hasta hoy primer ministro, Pedro Angulo; el ex ministro de Defensa, Alberto Otárola, desde hoy primer ministro, y el exministro del Interior, César Cervantes.

Obregón derivó las denuncias a los gobernantes al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que proceda de acuerdo a ley, pues por el alto rango de las citadas autoridades, solo ella puede hacerse cargo. jha/mrs

Un muerto más en Perú durante visita de Comisión de Derechos Humanos

PRENSA LATINA

LIMA.- Una nueva muerte a consecuencia de los graves incidentes registrados en Perú, elevó hoy a 26 el total de vidas perdidas, y coincidió con la segunda jornada de actividades de una misión internacional de derechos humanos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) confirmó la cifra de 26 decesos, incluyendo la muerte, hoy, de Jhonathan Alarcón Galindo, de 19 años, herido de bala durante los disturbios registrados en la ciudad surandina de Huamanga.

Según la referida organización, el joven murió sin que se atendiera el pedido de los médicos de que la Fuerza Aérea lo evacuase a Lima para una mejor atención.

El deceso elevó a 10 el número de muertes de la semana pasada en la región de Ayacucho, de la que forma parte Huamanga, bajo el estado de emergencia decretado por el nuevo gobierno de Dina Boluarte en ese y otros territorios.

La secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador, declaró a Prensa Latina que en su encuentro con la avanzada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) demandó el cese del estado de emergencia que ha militarizado la protesta e impulsado el uso desproporcionado de la fuerza por la Policía.

Hizo notar que en el primer día del estado de emergencia se duplicó el número de muertes, casi todas causadas por armas de fuego.

El vocero de la bancada congresal del izquierdista Partido Perú Libre, Flavio Cruz, dijo que en diálogo con la avanzada de la CIDDH, llegada ayer por invitación del gobierno de Dina Boluarte, señaló como responsables de la matanza a la presidenta y al nuevo primer ministro, Alberto Otárola, hasta hace unas horas titular de Defensa.

Por su parte, el parlamentario centrista Illich López, comentó que el reemplazo del ministro del Interior César Cervantes, por el también ex general de la Policía Víctor Rojas, parece obedecer al hecho de que alguien tenía que ser responsable político de las muertes.

La avanzada técnica de la CIDDHH, informó escuetamente que ayer recibió información sobre afectaciones a derechos humanos en el contexto de las protestas, por parte de periodistas, representantes de organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, indígenas y de activistas, entre otros sectores.

Los visitantes fueron recibidos por la presidenta Boluarte y otros miembros del Gobierno y por el Parlamento, y escucharon testimonios de civiles y policías heridos, así como de personeros del sistema de justicia y hoy parte de ellos viajaron a la surandina región de Cusco a recoger más testimonios.

Mañana estarán en la región de Ayacucho, escenario de los hechos de mayor gravedad, para recabar más información que entregarán a los integrantes de la CIDDHH que harán una visita de fondo al país en enero y entre quienes estará el relator de la comisión para Perú, Stuardo Ralón Orellana, quien la semana pasada condenó las muertes ocurridas en el contexto de las protestas acaecidas en la nación andina.

“Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables. Mi solidaridad con las familias de las víctimas”, escribió el funcionario en Twitter.

jha/mrs


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