Finjus exige al Ministerio Público y a los jueces condenar a los corruptos

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha reconocido que los tribunales ni el Ministerio Público dominicano se interesan por conocer ni sancionar los casos de corrupción que tienen en su poder.

“Cuando ves históricamente lo que ha pasado en materia de corrupción en la República Dominicana, parecería que las instituciones no tienen respuestas adecuadas a los casos que se les someten», ha expresado este martes Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente y portavoz externo Finjus, una entidad de la llamada «sociedad civil».

«Nosotros como fundación estamos planteando la posibilidad de que se hagan algunas reformas corporativas a lo interno de los actores del sistema de justicia y a lo interno de la propia Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del sistema nacional de control”, , agregó Castaños Guzmán.

Para combatir la corrupción, que se da a todos los niveles de la sociedad dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) es un instrumento ideal y fundamental, pero el Gobierno no lo emplea, cuestiona el vocero de Finjus.

César el Abusador

Aunque solo está confirmado lo que sabe todo el país, el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirma que para operar tantos años en el país una red de venta de drogas y lavado de activos producto del narcotráfico como la de César el Abusador tenía que gozar del apoyo de instituciones del Estado.

“Es imposible que una estructura de mafia de esa naturaleza opere sin la complicidad del Estado”, ha declarado el jurista, confirmando la opinión de la ciudadanía.

Castaños Guzmán reclama una ley de extinción de dominio, para impedir que los narcotraficantes condenados en el país y en los Estados Unidos una vez sean libertados puedan reclamar los bienes adquiridos con sus actividades criminales, nacionales e internacionales.

Sin embargo, el Congreso Nacional de la República Dominicana al parecer no quiere dotar al país de una ley que impida entregar los bienes incautados a los narcos que van felices a los Estados Unidos a negociar condenas luego de todos los crímenes cometidos, para luego regresar al país a exigir el retorno de villas, residencias, flotillas de vehículos, yates, joyas, fincas y otros bienes.

“Aquí nos hace falta una ley y es la de extinción de dominio, porque se nos están dando estos casos, donde los capos son dados en extradición, negocian fuera del país y cuando llegan a suelo dominicano vienen a reclamar todos los bienes que fueron producto de actividades ilícitas, y nuestra actual estructura legal permite que esas cosas pasen”, reclama Castaños Guzmán.


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