Poder policial de la JCE

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Por: Namphi Rodríguez

namphirodriguez@gmail.com

e-mail: redaccion[@]elnacional.com.do

El “poder de policía” de un órgano constitucional autónomo como la Junta Central Electoral (JCE) utiliza distintas técnicas jurídicas: reglamentos, planes, órdenes, recomendaciones, autorizaciones, comunicaciones, homologaciones o inspecciones, entre otras.

En su objetivo de un control administrativo de las actividades de los particulares, esta potestad debe observar algunos principios de aplicación general, como son: i) la existencia previa de habilitación legislativa y los principios de legalidad y debido proceso, ii) los principios de proporcionalidad y “favor libertatis” y, iii) los principios de buena fe y protección de la confianza legítima.

Cuando el ordenamiento jurídico concede potestades exorbitantes a la JCE para limitar las actividades de los particulares lo hace sobre el fundamento de que existe una previa habilitación normativa que dimana de los representantes de la soberanía popular; es decir, del Congreso. De esa forma se procura evitar excesos y abusos contra los ciudadanos. La Ley 275-97, sobre régimen electoral, otorga el poder de “policía administrativa” a la JCE.

El artículo 40.15 de la Constitución dispone que, “a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos y sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”.

De ahí que, en su actuación la JCE está sujeta a los principios de supremacía constitucional y reserva de ley consignados en los artículos 6 y 74.2 de la Constitución.

Esto quiere decir, que la potestad administrativa de ordenación de las actividades de los partidos y candidatos debe ser compatible con el principio democrático de legalidad, pues en un Estado Social y Democrático de Derecho (arts. 7 y 8 de la Constitución) no pudiera ser de otra manera. Lo contrario sería dejar al capricho de un órgano como la JCE el ejercicio de los derechos como las libertades de expresión y reunión (artículos 48 y 49 de la Constitución).

Como afirma el administrativista Miguel Sánchez Morón, “la Constitución ha querido excluir la legalidad de cualquier actuación administrativa contra legem o contra jus(…) y ha querido señalar que ninguna decisión pública puede adoptarse al margen del Derecho, esto es, con desvinculación del mismo”.

En nuestro constitucionalismo existe una reserva de ley para la actuación reglamentaria de órganos como la JCE. Sin embargo, ello no significa que la JCE no puede dictar reglamentos que regulen las actividades privadas de los particulares. Lo que se exige es que esos reglamentos se deriven de una norma con rango de ley y que no se pretenda ejercer esta potestad tan severa amparada en reglamentos independientes o autónomos.


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