¿Por qué el aguacate tiene más derecho al agua que las personas en Chile?

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Sputnik

SANTIAGO DE CHILE.- En Chile no todos tienen derecho al agua. Quienes pueden disponer de ella a su antojo son los empresarios, principalmente los mineros, los agroindustriales, los que tienen hidroeléctricas. A pesarde las protestas populares, el Senado rechazó declarar el agua como un recurso público. Para Greenpeace Chile, se trata de una «vergüenza nacional».

Chile es reconocido internacionalmente por ser uno de los países más afectados por el cambio climático. Además, las zonas centro y sur del país arrastran desde hace decenios una tendencia a la disminución de las precipitaciones de hasta un 7% por década en algunos puntos.

Sin embargo, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) explicó a Sputnik que la sequía —y la desigualdad que la falta de agua ha generado— es producto de la ausencia de normas de ordenamiento territorial que regulen los cultivos según las capacidades de recarga y flujo de agua en las cuencas.

También de la mercantilización de las aguas, que tiene como protagonistas a las agrícolas de la zona y al Estado, que ha hecho la vista gorda sobre el asunto y no ha cambiado la legislación que regula los usos y derechos de las aguas. Aunque cueste creer, en Chile hay mujeres que tuvieron que desacostumbrarse a usar lavadoras (y volver a lavar la ropa a mano) porque en su casa no sale agua por los grifos. Ellas (y casi medio millón de personas) habitan las zonas aledañas a las plantaciones de aguacates y cítricos, viven en las tierras que han secado en pos de enverdecer los frutos.

A pesar de la situación, el 7 de enero el Senado rechazó consagrar el agua como bien de uso público en la Constitución. Según publicó en un comunicado oficial su página web, el tema quedará pendiente y de acuerdo a los legisladores opositores, se buscará reponer en el debate de la Convención Constituyente donde se reescribirá la Carta Fundamental.

El proyecto tuvo 24 votos a favor y 12 en contra, pero naufragó debido a que la actual Constitución exige dos tercios de los votos para realizar cualquier cambio a la Carta Magna.

Greenpeace considera que para eliminar las desigualdades e injusticias sociales que afectan el país «es fundamental una nueva Constitución que priorice los derechos ambientales que han sido vulnerados una y otra vez desde hace décadas. Debemos dejar atrás una Carta Magna que no fue diseñada para evitar los abusos a nuestro medio ambiente y crear una nueva Constitución que lo proteja».

El agua en la Constitución chilena

Chile tiene un modelo de aguas único en el mundo. En agosto de 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se aprobó el Código de Aguas, que en su artículo 5 establece que el recurso es un «bien nacional de uso público», pero que su «derecho de aprovechamiento» es privado.

La normativa se basa en la idea de que el acceso al agua es un bien económico, y como tal, la forma más eficiente de gestionar su asignación es a través del mercado, precios y los derechos de propiedad privada. En otras palabras, los «dueños» del agua serán quienes decidan a quién otorgarla, cómo utilizarla, y quienes gocen de sus réditos.

El Código de Aguas chileno es considerado un «ejemplo paradigmático de reforma del libre mercado» en el mundo. Establece la protección al derecho de propiedad privada «más fuerte en el mundo», sin posibilidad de que el Gobierno interfiera con mecanismos regulatorios, escribió el ingeniero agrónomo chileno Eduardo Baeza Gómez en un informe que presentó sobre el tema ante el Congreso Nacional en 2018.


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