FILE--Officials inspect the bodies of six Jesuit priests and two household staff members who were killed Nov. 16, 1989 in San Salvador, El Salvador. President Francisco Flores has rejected the idea of reopening investigations into the 1989 killings of six Jesuit priests, saying Thursday, Jan. 6, 2000 that El Salvadorans wished to move on. But Catholic priests and human rights groups have urged the government to punish those responsible for killing the six clerics - five Spanish priests and a Salvadoran- during El Salvador's 1979-1991 civil war. The priests' housekeeper and her daughter also were slain. (AP Photo/Prensa Grafica)

Una agónica luz contra la impunidad en El Salvador

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Los recientes bloqueos de la Fuerza Armada a sus archivos militares, con el visto bueno del Gobierno, supuso un nuevo desengaño para quienes pusieron los muertos y desaparecidos durante una guerra que terminó hace casi tres décadas, pero cuyas heridas siguen abiertas.

SPUTNIK

SAN SALVADOR.- El tiempo se agota para muchas víctimas del conflicto armado que desangró El Salvador entre 1980 y 1992, quienes envejecen y mueren sin recibir la verdad, justicia y reparación que todos prometen y nadie cumple.

La concesión de una Ley de Amnistía como condición para la paz entre militares y guerrilleros constituyó el primero de muchos agravios para las víctimas, imposibilitadas de llevar a la justicia a autores materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revocó en 2016 dicha ley, y ordenó a la Asamblea Legislativa proponer otra que cumpliera con estándares de justicia transicional, verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición de tales crímenes.

Luego de años de dilaciones, disputas y cabildeo, los diputados aprobaron el pasado 25 de febrero la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, la cual fue vetada tres días después por el presidente Nayib Bukele, por considerarla inconstitucional.

La Sala citó entonces a las partes involucradas para que defendieran sus consideraciones el pasado 13 de marzo, pero la irrupción de la pandemia de COVID-19 obligó a suspender la audiencia, que recién fue reprogramada para el próximo 30 de octubre.

Existe gran expectativa en la sociedad salvadoreña y en quienes siguen el proceso desde la comunidad internacional, pues la Sala citó al presidente Bukele, quien hasta la fecha no ha confirmado si acudirá, mientras su actitud hacia las víctimas es considerada ambivalente.

Optimismo cauteloso

Benjamín Cuéllar, uno de los impulsores de la demanda para declarar inconstitucional la Amnistía de 1993, aseguró a Sputnik que la reprogramación de la audiencia es un paso más para presionar en busca de justicia, y más en el actual contexto.

Para el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), la citación para que rindan cuentas las autoridades del Estado, incluyendo al presidente, es fruto del esfuerzo de quienes representan a las víctimas, no a los victimarios.

«Es otro paso para presionar, cuando aún es reciente la condena en España del excoronel Inocente Montano por la masacre de seis jesuitas y sus asistentes en 1989, y ahora que el Ejecutivo se niega a que la justicia revise los archivos militares de la masacre de El Mozote», aseguró Cuéllar.

La coyuntura también le parece propicia para apoyar a quienes, desde el estado de Derecho, recaban una información que el Ejecutivo afirma que fue destruida, sin demostrarlo ni hacer algo para investigar tal ilegalidad.
Se conoce como «la masacre de El Mozote» al asesinato de unos mil hombres, mujeres y niños salvadoreños a manos del ejército, entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, en al menos tres localidades del departamento de Morazán.

Para Manuel Escalante, abogado del Idhuca, retomar el debate de la Ley de Reconciliación es importante y necesario para enviar un mensaje a quienes defienden la impunidad.

«Es algo positivo, pues permitirá que en un ambiente judicial los titulares de los distintos órganos del Estado argumenten sus posiciones sobre la ley, y porque los demandantes podremos opinar sobre qué tanto cumple el proyecto con los estándares ordenados», dijo Escalante a Sputnik.

Una guerra interminable

Para muchos, el magnicidio del monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, fue el detonante de la guerra entre al frente guerrillero Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Fuerza Armada de El Salvador, financiada por Estados Unidos.

Según la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, aquella contienda dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones perpetradas por el Ejército, los llamados «escuadrones de la muerte» (grupos parapoliciales o paramilitares) y el FMLN.

La lucha terminó oficialmente en enero de 1992, con los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec, México, y el sabor amargo de una Ley de Amnistía que impediría juzgar a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto.

Otra larga batalla desde la sociedad civil condujo a la derogación de esa normativa, que permitió reabrir investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, y llevó a la aprobación de una polémica Ley de Reconciliación Nacional, calificada de «amnistía disfrazada».

Por ejemplo, esta propuesta no contempla penas de prisión para los responsables de violaciones de derechos humanos, y abre la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar qué casos aplicarán.

Así, entre denuncias de impunidad e incumplimiento del mandato constitucional, llega esta nueva audiencia judicial, que para las víctimas representa una luz en la oscuridad: solo esperan que sea un resplandor de esperanza, y no el final del túnel hacia la eternidad.


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