La violencia desplaza a 3.000 personas en tres días: el “destierro sistemático” se agrava en el municipio colombiano de Ituango

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RT

BOGOTÁ.- El Movimiento Ríos Vivos advierte que las familias se han resguardado en el casco urbano y están sin abrigo, durmiendo en el suelo y con escasez de alimentos.

Los desplazamientos forzados de la población campesina a causa de la violencia en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, en el norte de Colombia, no cesan desde hace días. Y todo ello en medio de la pandemia del coronavirus y unas condiciones climáticas adversas.

Según el Movimiento Ríos Vivos, desde el pasado 21 de julio, unas 3.000 personas ya han sido desplazadas, lo que suponen más de 1.000 familias de 28 veredas.

En un comunicado, la organización advierte que muchas personas se han resguardado en el casco urbano del municipio y se encuentran sin abrigo, durmiendo en el suelo y con escasez de alimentos y ropa.

“Es evidente que la disputa territorial está generando los desplazamientos forzosos con amenazas de muerte, que obligan a los campesinos a salir de sus veredas”, explica el texto, que califica lo que sucede en Ituango como “un claro proceso de destierro sistemático”.

El Movimiento Ríos Vivos critica a las instituciones por ser “incapaces de brindar atención digna a la población, salvaguardar la vida, evitar el desplazamiento y proteger los bienes privados de las familias”.

Además de hacer frente a los enfrentamientos entre el Ejército, la Policía, grupos paramilitares y los frentes guerrilleros, los vecinos tienen que lidiar con deslizamientos de tierra, la inestabilidad de las vías y las “inadecuadas intervenciones” del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango en la zona.

Todo ello, según la organización, ha dejado a centenares de familias damnificadas y obligadas a trasladarse a otros lugares.

“La dificultad de acceso al municipio debido a los daños en la vía ha generado el desabastecimiento de alimentos y gas natural que agravan la situación de los desplazamientos”, añade la organización, que destaca que también las cárceles se han visto afectadas y los presos han tenido que ser reubicados.

“Retomar el control “

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, dijo en una nota el Ejército y la Policía trabajan para “asegurar la zona, retomar el control y proteger a los campesinos, para garantizar que puedan regresar a sus hogares y cuidar sus cosechas”.

Suárez aseguró que se encuentran tras el rastro de alias ‘Camilo’, sospechoso de encabezar a los “ilegales que presionan el desplazamiento”. “Son estructuras residuales que no tuvieron el valor de sumarse al propósito de paz que les reclamó mayoritariamente la comunidad”, comentó el gobernador, quien ofreció 50 millones de pesos (unos 13.000 dólares) de recompensa a cambio de información sobre esta persona.

Por su parte, el departamento administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, envió este lunes tres toneladas de ayuda humanitaria para las familias afectadas por las fuertes lluvias y vendaval.

Desde la Defensoría del Pueblo también se informó de que se está coordinando con las Fuerzas Armadas la entrega de 39 toneladas de ayudad humanitaria para las víctimas de desplazamiento forzado en Ituango, y para los afectados por ola invernal que mantiene bloqueadas carreteras.

“Ya son más de 3.000 personas desplazadas en Ituango. Otra vez los campesinos víctimas de la guerra. Obligados a abandonar sus tierras. Un gobierno ausente que niega el conflicto. Es urgente que se habilite el aeropuerto para que lleguen las ayudas”, advirtió César Pachón, representante a la Cámara del Congreso.

La región es habitada por más de 20.000 personas, entre campesinos y comunidades indígenas como los katíos y los tuangos. Los constantes enfrentamientos entre paramilitares, las guerrillas y el Ejército han hecho de la zona un cementerio de fosas comunes. La región también se ha visto afectada por la colocación de minas antipersonas y la introducción de cultivos ilícitos para la producción de cocaína.

En diciembre de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia indicó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de la central Hidroituango.


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