Precios de combustibles en ejes conflictivos en Uruguay

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PRENSA LATINA

MONTEVIDEO.- Un cuarto aumento de precios de combustibles dispuesto por el gobierno de coalición de derecha en Uruguay en poco tiempo desató un crítico malestar y agudizó conflictos en la semana que concluye hoy.

Por estos motivos, la bancada legislativa del Frente Amplio acordó llamar a sala de interpelación al ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, quien antes anunció la cuestionada medida junto a la titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

El senador coordinador de la fuerza política opositora, Mario Bergara, afirmó que la dinámica de subidas de precios todos los meses ‘sin duda son malas noticias para la gente, en un momento en el que caen jubilaciones y pensiones y las tarifas se disparan’.

Sostuvo que es negativo para el aparato productivo no solo porque encarece un insumo vital, sino también por generar mucha inestabilidad ya que los nuevos precios establecidos remontaron por encima de la inflación.

Las agrupaciones Asociación Nacional de Productores de Leche, la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz emitieron un comunicado de rechazo a dicho aumento y criticaron la nueva metodología de cálculo incapaz de asegurar a los sectores productivos un precio competitivo.

A su vez, la gremial de trabajadores de servicio del supergás logró un ámbito de negociación en torno a las amenazas de cierres de plantas y desempleos, luego de ocupar la sede de la Administración Nacional Pública (Ancap).

Para ello realizó un paro de 24 horas para reclamar ese proceso y protestar la intención gubernamental de eliminar el subsidio a este combustible en el contexto del tiempo actual de pandemia y en pleno crudo invierno austral.

En la convocatoria al paro dijeron ‘basta a las empresas y su constante amenaza de reestructura, a la no atención de compañeros lastimados, solicitamos se cubran las vacantes y no más tercerizaciones’ por contratos con otras entidades.

Durante la semana se mantuvo en paralelo discrepancias entre bancadas parlamentarias por el propósito del Poder Ejecutivo de desviar fondos del Instituto nacional de Colonización para arrendar tierras a familias del campo hacia la regularización de asentamientos suburbanos en montos irrisorios.

Este contencioso afectó a las intendencias departamentales con la estipulación en el proyecto de Rendición de Cuentas presupuestal de que actúen como policías territoriales contra asentamientos de familias desposeídas y de lo contrario retirarles partidas de gastos.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, planteó que las ocupaciones son problemáticas ‘que tienen que ver también con las situaciones económicas de la gente’ y que requieren ‘soluciones acordadas, coordinadas y obviamente mucho mejores de las que tuvimos’, para la magnitud de ese problema social.

msm/hr


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