«Es esencial que víctimas tengan justicia»: CIDH confirma las violaciones de derechos humanos durante las masacres de 2019 en Bolivia

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RT

LA PAZ.- El presidente boliviano, Luis Arce, pidió perdón en nombre del Estado.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Bolivia presentó este martes su informe final sobre las violaciones a los derechos humanos registradas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019,y confirmó que en las ciudades de Sacaba y Senkata se cometieron masacres y que en las represiones de diferentes protestas sociales ocurridas ese año fueron asesinadas 38 personas, por lo que es necesario iniciar un proceso de reparación para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia.

La presentación, que se realizó en el auditorio del Banco Central ubicado en La Paz y que analiza una de las etapas más dolorosas sufridas por la sociedad boliviana, tuvo una fuerte carga emotiva, ya que familiares de las víctimas recordaron entre lágrimas y gritos de «¡justicia, justicia!» las vejaciones sufridas.

También refuerza las investigaciones judiciales que se pueden iniciar o que están en curso para procesar, enjuiciar y condenar a los responsables, ya que ese es el compromiso que ratificó el presidente, Luis Arce.

«Hoy aquí honramos la memoria de todas las víctimas mortales. Ya que los culpables nunca lo hicieron, a nombre del Estado les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias», dijo Arce después de recibir el documento que abarca la recta final de la presidencia de Evo Morales, quien dejó el cargo al sufrir un golpe de Estado, y los primeros meses del régimen de la autoproclamada expresidenta Jeanine Áñez.

El presidente denunció que, a través de sus más de 750 páginas, este grupo de trabajo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documenta testimonios y narraciones de torturas y crímenes de lesa humanidad que deben ser sancionados.

«El informe relata de forma desgarradora las vivencias y momentos de sufrimiento de muchos bolivianos y bolivianas. Sobre la base de pruebas científicas podemos identificar las graves violaciones a los derechos humanos, las masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en nuestro país durante el golpe de Estado que se gestó meses antes», aseguró.

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Sanación

Una de las principales expectativas del informe estaba centrada en las masacres ocurridas en las ciudades de Sacaba y Senkata, y que formaron parte de las violentas represiones ordenadas por Áñez desde el principio de su Gobierno.

«Es esencial que las víctimas obtengan justicia y se inicie un proceso de reparación por los daños provocados y de atención inmediata para sanar heridas», explicó Patricia Tappatá Valdez, la integrante del GIEI, al dar a conocer las conclusiones de este grupo de trabajo.

«La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, deben ser reconocidas, y los responsables, sancionados», agregó al advertir la importancia de que se asuma que hubo víctimas en los dos espectros políticos que se enfrentaron en ese momento en Bolivia.

Tappata Valdéz agregó que una de las primeras recomendaciones del GIEI es realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación, que permita promover espacios de consenso y de diálogo para trabajar un sentido de destino común en la diversidad.

«Esperamos que lo relatado en el informe sobre los últimos cuatro meses de 2019 no sea visto como la fotografía de un tiempo violento, pero breve, que ya pasó, sino como el nuevo umbral, ahora más elevado y exigente, de lo intolerable», añadió.

Los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas que rodearon el Banco Central para acompañar la presentación del informe manifestaron su confianza en que el documento ayude a iniciar un proceso de reparación que incluya juicios y condenas en contra de los responsables de las violaciones a los derechos humanos sufridas hace dos años.

Testimonios

Uno de los momentos más conmovedores de la presentación del informe lo protagonizaron Gregoria Siles y Gloria Quisbert, familiares de víctimas de Sacaba y Senkata que detallaron cómo fueron las masacres.

«El 15 de noviembre a mí me han pegado los policías, me han fracturado mi mano, me han pateado. A mi hijo Omar Calles lo han matado con una bala en la espalda, le han dado directo al corazón. Es muy doloroso lo que hemos vivido como familia», explicó Siles sin evitar el llanto.

«Queremos que esto no quede impune. Eso no es venganza, queremos justicia y que no haya nunca más un golpe de Estado, nunca más ese sufrimiento y esos maltratadores», agregó.

Quisbert recordó a su hermano Antonio, uno de los asesinados el 19 de noviembre de 2019 por las fuerzas de Seguridad en Senkata y quien, además, fue difamado al igual que el resto de las víctimas.

«Dijeron que los alteños son maliciosos, narcotraficantes y terroristas; que los muertos en ese momento eran borrachos, pero son jóvenes que les han truncado el camino, en algunos casos padres, porque han dejado a dos mujeres en estado de gestación», explicó.

Con la voz entrecortada, repitió las dantescas escenas registradas en La Paz al día siguiente de la masacre, cuando quisieron enterrar a sus muertos y fueron reprimidos por la Policía.

«Fue un día de mucho dolor y mucho llanto, mucha sangre. El 20 de noviembre querían llevarse los cuerpos de la iglesia se Senkata para hacerlos desaparecer, nosotros estábamos en estado de shock, tuvimos que ver las autopsias en vivo, vimos cómo les cortaban la cabeza con un serrucho, cómo les abrían el cuerpo. Vivimos con ese trauma», dijo.

Después de pasar por un momento tan desolador, añadió, se encaminaron a La Paz con los féretros de sus muertos a cuestas, en una marcha en la que exigían justicia, pero la Policía no los dejó pasar. «Nos gasificaron. Yo no quise soltar el ataúd de mi hermano pero los policías me pegaron con sus escudos y terminé internada. Hasta el momento las familias no tenemos paz, sufrimos la represión estatal del Gobierno transitorio de la señora Áñez», afirmó.

Al agradecer el trabajo del GIEI, Quisbert advirtió que los familiares seguirán luchando hasta que todos los responsables sean castigados. «Ni olvido, ni perdón: justicia para los fallecidos en Sacaba y Senkata», señaló.

Qué pasó

La violencia política que padeció Bolivia a fines de 2019, después de las elecciones presidenciales de octubre, tuvo uno de sus puntos culminantes el 10 de noviembre, cuando Morales fue forzado a renunciar ante el acoso y las amenazas de militares y fuerzas de Seguridad. Después se refugió en México.

Un par de días más tarde, Áñez se autoproclamó como presidenta, lo que detonó violentos ataques a la protesta social en todo el país, en particular en contra de los militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que realizaban marchas multitudinarias para denunciar y repudiar el golpe.

Una de las represiones más graves ocurrió el 15 de noviembre en Sacaba, una ciudad ubicada en el departamento de Cochabamba, en donde fueron asesinados Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas.

Cuatro días más tarde se llevó a cabo la masacre de Senkata, una localidad de El Alto, en la que murieron Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar.

A fines de 2019, la CIDH acudió a Bolivia y, en un informe preeliminar, denunció que en ambos casos policías y militares habían disparado con armas de fuego a los manifestantes desarmados, además de que los rociaron con gases lacrimógenos y también los golpearon.

También recomendó la conformación de un GIEI que investigara de forma independiente las denuncias. Al régimen de Áñez le pidió respetar y garantizar el derecho a la protesta, cesar la violencia y la represión, desmantelar los grupos armados particulares, establecer un plan de atención y reparación de las víctimas y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, entre otras demandas.

Las masacres de Sacaba y Senkata dejaron un saldo conjunto de por lo menos 18 muertos y cientos de heridos, pero la propia CIDH reconoció en ese momento que había fuertes sospechas de que la lista de víctimas en realidad fuera mayor.

A nivel nacional, reportó que, en total, en las protestas realizadas en esos días habían sido asesinadas 37 personas.

La expresidenta de facto descalificó el informe de la CIDH y, después de negar las represiones, acusó al organismo de parcialidad, lo que retrasó la constitución del GIEI, que recién pudo integrarse en noviembre pasado, con Arce ya como presidente. El 25 de julio, después de ocho meses de trabajo, entregó sus conclusiones al Gobierno.

El GIEI Bolivia está integrado por el inglés Julián Burger, profesor de derechos humanos de la Universidad de Essex; la colombiana Magdalena Correa, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado; el argentino Juan Méndez, expresidente de la CIDH; la argentina Patricia Tappatá Valdez, Directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Unesco); el brasileño Marlon Weichert, fiscal federal de ese país; y el chileno-español Jaime Vidal, quien fue designado como secretario ejecutivo de este grupo.


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