Puerto Rico tiene fecha para su referendo: ¿y ahora qué?

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RT

SAN JUAN.- La propuesta ya recibió el visto bueno de la Cámara Baja de EE.UU. Ahora deberá pasar al Senado antes de ser ratificada por Joe Biden.

La fecha clave es el 5 de noviembre de 2023. Ese día, los puertorriqueños podrían acudir a las urnas para decidir en un referéndum con tres opciones: el estatus no territorial, la independencia o la libre asociación.

La propuesta ya recibió el visto bueno de la Cámara Baja de EE.UU., que el jueves le dio el banderazo con 233 votos a favor y 191 en contra, por lo que ahora resta que siga el trámite parlamentario en el Senado antes de llegar al escritorio de Joe Biden.

Se trata del proyecto al HR8393, una ley mediante la que EE.UU. pretende finalmente abrir la vía que satisfaga una la demanda histórica: la descolonización de Puerto Rico.

Lo novedoso de este proyecto es que por primera vez se excluye la posibilidad de votar por el Estado Libre Asociado territorial, que es el estatus que rige en Puerto Rico desde hace 70 años. A pesar del esfuerzo de los republicanos por mantener esa opción en el plebiscito, la pugna previa en los comités desbancó la idea.

«Por primera vez en la historia de nuestra nación, Estados Unidos reconoció su papel como fuerza colonizadora. La Ley del Estatus de Puerto Rico establece un proceso para que la Isla decida su propio futuro. No favorece la estadidad, la independencia o la libre asociación. Permite a los puertorriqueños elegir», escribió en sus redes la representante Alexandria Ocasio-Cortez el pasado jueves.

Y es que, al menos en su planteamiento, el proyecto admite que el estatus territorial que mantiene Washington es lesivo para el pleno desarrollo económico, político y social de Puerto Rico, por lo que el gobierno federal tendría la responsabilidad de facilitar los mecanismos para que la isla decida su estatus.

En la actualidad, la limitaciones para los puertorriqueños son evidentes: si bien son ciudadanos estadounidenses para pagar impuestos federales, no tienen representación en el Congreso y no pueden votar a la presidencia. Tampoco tienen la opción de acceder a programas de asistencia sanitaria, ni tienen los mismos derechos que un residente en EE.UU.

Además, son víctimas de injusticias legales que los ponen en desventaja con respecto los ciudadanos estadounidenses. Un claro ejemplo es la ley 22, que les facilita exenciones tributarias a los norteamericanos por encima de los habitantes de la isla, emulando viejas prácticas coloniales.

Ese tipo de políticas, por ejemplo, han provocado la gentrificación de ciertas zonas de la isla y el desplazamiento de sus habitantes originarios a favor de extranjeros estadounidenses, que se instalan en el territorio con mayores beneficios.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, celebró la decisión de la Cámara y aseguró que implicaba un paso más en el proceso de descolonización. «Nos acerca aún más a la igualdad», agregó en un tuit.

¿Cuáles son las posturas?

La independencia o el cambio de estatus acarrearía consecuencias para EE.UU. en el ámbito político, económico y estratégico, por lo que los debates previos han puesto sobre la mesa varios asuntos: el pago de la deuda de la isla, el nivel de autonomía que tendrá –y que según los republicanos podría significar una amenaza para Washington– y el posible acceso a fondos federales por 20 años, en caso de que decida emanciparse.

Mientras que el gobernador de Puerto Rico apuesta a que el territorio se convierta en el estado número 51, lo que a su juicio erradicaría el estatus colonial que padece la isla, otra parte de la población considera firmemente que la vía es la emancipación total.

En el núcleo de las discusiones, sin duda, reside el derecho de Puerto Rico a su independencia y libre determinación, reconocido plenamente por las Naciones Unidas, pero que sigue siendo una cuestión sin resolver.

Hace casi dos años, en noviembre de 2020, Puerto Rico celebró un referendo que culminó con 53 % de votos a favor de la estadidad. Sin embargo, los comicios no fueron reconocidos por la administración de EE.UU. y solo contaron con la participación de la mitad de la población.

Entretanto, movimientos sociales que respaldan la independencia consideran que el proceso político del territorio debe ser protagonizado por su propia gente, sin imposiciones externas.

 


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