Trasladan a Pedro Castillo al penal de Barbadillo en Perú

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RT

LIMA.- En ese centro penitenciario se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori.

El destituido mandatario de Perú Pedro Castillo Terrones fue trasladado al penal de Barbadillo, situado en el distrito limeño de Ate.

La decisión del traslado fue tomada por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que dispuso su reclusión en ese lugar «por medidas de seguridad, en salvaguarda de su integridad física personal, por su condición de expresidente de la República».

Previamente, la Junta Técnica de Clasificación del INPE, integrada por un psicólogo, un abogado y una asistente social, determinó que el depuesto mandatario «sea clasificado en el régimen ordinario» de reclusión, luego que le fuera dictada prisión preventiva por un lapso de 18 meses.

«El Instituto Nacional Penitenciario garantiza la seguridad e integridad física de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional», reza el comunicado.

En el penal de Barbadillo también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que le fue dictada en 2009.

Hasta ahora, Castilllo permanecía en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes), cercano al penal.

Prisión preventiva

Los 18 meses de prisión preventiva, que se cuentan hasta junio de 2024, le fueron dictados al destituido mandatario por el juez supremo Juan Carlos Checkley el jueves.

El magistrado aceptó la petición realizada por la Fiscalía, que había considerado que «existe periodo procesal de fuga».

Castillo es investigado por el delito de rebelión, y alternativamente conspiración, luego de su intento fallido de disolver el Parlamento y el establecimiento de un gobierno de excepción.

Fue detenido la semana pasada, una vez que el Parlamento lo destituyó del cargo de presidente. Antes de la prisión preventiva, cumplió «detención preliminar», que le fue dictada por un lapso de siete días y ampliada por 48 horas.

Su mantenimiento en prisión es uno de los motivos de las protestas que se registran en el país suramericano, en las que piden que sea liberado.

En esas manifestaciones, que han dejado un saldo de 20 muertos hasta ahora, también exigen el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte.

 


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